Sony ha sido demandada colectivamente en los Países Bajos por supuestas prácticas monopólicas y precios excesivos en su plataforma PlayStation Store. La acción legal está encabezada por la fundación neerlandesa Mass Damage & Consumer, que acusa a la compañía de aprovecharse de su posición dominante en el mercado para imponer un sobreprecio tanto en el hardware como en el software durante la última década.
“Sony impone un impuesto digital injusto”
Según la presidenta de la fundación, Lucia Melcherts, el giro hacia consolas exclusivamente digitales, como la PS5 Digital Edition, ha creado un entorno donde los consumidores terminan pagando mucho más.
“Mucha gente ha notado que, desde la última generación de PS5, cada vez se les está yendo más hacia las consolas ‘solo digitales’”, explicó Melcherts. “Estudios económicos han demostrado que los consumidores pagan un promedio de 47% más por esas versiones digitales que por el mismo juego en un disco físico, mientras que los costos de distribución para Sony son menores”.
La fundación sostiene que Sony limita las ventas digitales exclusivamente a través de la PlayStation Store, lo que le permite controlar los precios sin competencia real. Este control ha sido descrito como un “impuesto Sony”, ya que los precios digitales son más altos a pesar de los menores costos de producción.
Un ecosistema cerrado y control de precios
Melcherts también denunció la falta de competencia dentro del ecosistema PlayStation:
“Sony es el único proveedor de contenido digital para la consola de juegos más popular del mundo. De todos los holandeses que tienen una consola de juegos en casa, más del 80 % tiene una PlayStation. Ahora puede permitirse tomar decisiones sin tener que preocuparse demasiado por lo que hacen la competencia, los desarrolladores o los consumidores”.
En su comunicado, la fundación también critica que Sony impone restricciones contractuales a desarrolladores y editores, obligándolos a vender exclusivamente en la PlayStation Store y cediendo el control del precio final de sus juegos.
“Los desarrolladores pierden la libertad de fijar su propio precio, pero también su posición negociadora como parte comercial”, denuncian.
Un impacto económico de más de 400 millones de euros
Mass Damage & Consumer estima que estas prácticas han provocado un daño económico aproximado de 435 millones de euros en la economía neerlandesa desde el año 2013. La fundación apunta directamente al modelo cerrado de Sony como la causa de estos sobrecostos, así como de la reducción de libertad comercial para terceros.
¿Cuándo se resolverá esta demanda?
La fundación ha anunciado que la primera audiencia podría celebrarse a finales de 2025, y será competencia del tribunal neerlandés. En dicha audiencia, también se discutirá la admisibilidad legal de la propia fundación como representante válida de los consumidores afectados.
Por el momento, Sony no ha emitido comentarios oficiales sobre esta demanda colectiva. No obstante, dado el carácter legal del caso, es probable que la compañía solo se pronuncie cuando se aproxime la fecha del juicio.
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